miércoles, 9 de mayo de 2012

La OMC y la política económica Argentina

Por Aldo Ferrer, embajador argentino en Francia

Cada vez que se adoptan medidas para proteger la producción y el empleo nacionales se plantean reclamos en defensa de la eficiencia económica y anticipan eventuales represalias de los países afectados. La alarma suele ser infundada y obedece a una visión, según la cual, la Argentina es un segmento del mercado mundial, inhibido para defender su mercado interno y formular un proyecto nacional de desarrollo.
Es una situación semejante a la que se planteaba en la esfera financiera, cuando se afirmaba que no cumplir con las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional o suspender el pago de la deuda, provocaría una avalancha de calamidades. Éstas se produjeron, en efecto, por sostener la política neoliberal y la recuperación se produjo, por hacer, precisamente, todo lo contrario.
La reciente declaración de un grupo de países miembros de la OMC sobre la política comercial argentina incluye a las antiguas economías industriales del Atlántico Norte, que constituían el “centro” del orden mundial, desde el inicio de la globalización hasta tiempos recientes. Todas ellas, al tiempo de su despegue, aplicaron fuertes políticas para impulsar el cambio tecnológico, la industrialización y la proyección a los mercados mundiales. Entre los signatarios figuran también países con una tradición ejemplar de protección de su mercado interno, preferencias a las empresas nacionales y políticas públicas de transformación productiva, como Japón, Corea y Taiwán. Ahora, forman parte de los países que gozan de ventajas competitivas fundadas en la gestión del conocimiento y, naturalmente, promueven el librecambio en el resto del mundo. En todo caso, la declaración es inusual y, eventualmente, dará lugar a contenciosos, de los cuales, se tramitan permanentemente numerosos en el seno de la OMC.
Las críticas a las políticas defensoras del trabajo y la producción nacionales suelen fundarse en la supuesta intangibilidad de la libertad de comercio. En el mundo real, los países administran su comercio exterior con vistas a fortalecer su acceso al mercado mundial y, simultáneamente, defender el interno. En aquellos en que prevalece el Estado neoliberal, la apertura incondicional a la globalización ha desencadenado situaciones críticas, desindustrialización, aumento del desempleo y concentración del ingreso.
La viabilidad de las políticas de protección de la actividad económica, el empleo y la industrialización no depende de la opinión de sus críticos, sino de su eficacia para fortalecer los equilibrios macroeconómicos e impulsar el desarrollo. Es oportuno, por lo tanto, ubicar el actual debate en el contexto del desarrollo económico argentino y el ejercicio efectivo de la soberanía, para participar plenamente de la globalización del orden mundial, manteniendo el comando de nuestro propio destino.
Una cuestión central se refiere al diseño de las ventajas competitivas a través de las cuales la economía argentina participa en la división internacional del trabajo. Esta es una cuestión crucial para la coyuntura y el desarrollo de largo plazo. Tales ventajas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, ventajas reveladas por la disponibilidad actual de recursos naturales y humanos. Por otro, ventajas diseñadas por un objetivo estratégico de desarrollo, aun cuando no aparezcan como compatibles con la dotación actual relativa de recursos. Es indispensable fortalecer las ventajas competitivas reveladas y, al mismo tiempo, incorporar ventajas competitivas diseñadas en torno de una estrategia de desarrollo industrial en las actividades que operan en la frontera del conocimiento científico y tecnológico, incluyendo la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología y la producción de bienes de capital portadores de las tecnologías de frontera. La experiencia internacional es concluyente. No existe ningún país actualmente desarrollado cuya inserción en el mercado mundial responda fundamentalmente a ventajas competitivas reveladas por los recursos naturales.
En tal sentido, conviene utilizar a pleno las medidas de defensa de la competencia y las salvaguardias frente a maniobras, como el dumping, que afectan a la producción nacional. La protección forma parte de una política de desarrollo manufacturero que incluye otras decisiones fundamentales, que pueden clasificarse en dos categorías. Por una parte, las políticas “sectoriales”, directamente orientadas al fomento industrial. Por la otra, las políticas “horizontales”, que determinan el encuadre macroeconómico dentro del cual se desenvuelve la industria y el conjunto de la economía.
Políticas sectoriales. Son aquellas directamente focalizadas al fomento industrial. Incluyen herramientas poderosas como el régimen de “compre nacional”, instalado como una normativa coherente por la ley 18.875, promovida durante mi gestión en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en 1970. Incluyen también las decisiones de apoyo a la investigación y desarrollo, a las empresas innovadoras y a la profundización de los vínculos entre el sistema nacional de ciencia y tecnología y la producción. En este terreno se han producido avances importantes en el transcurso de esta década con iniciativas, entre otras, como la creación de un ministerio del área científica y tecnológica y el nuevo impulso a la energía nuclear. La identificación y apoyo de actividades estratégicas, como la biotecnología, microelectrónica y tecnologías de la información y comunicación, como sucedió en los países emergentes más exitosos de Asia, son otros ejemplos de las políticas sectoriales. Como lo son, asimismo, los incentivos tributarios y las líneas especiales de crédito para el financiamiento de nuevas inversiones y ampliación de capacidad instalada y el financiamiento de exportaciones, particularmente de bienes de capital. Otro componente principal de esta categoría de políticas industriales es el tratamiento de la inversión extranjera. La experiencia de los países más exitosos de Asia demuestra que conviene atraer inversiones privadas directas complementarias no sustitutivas de la empresa nacional, preservando el liderazgo nacional, privado y público, del desarrollo industrial, particularmente, en las actividades manufactureras en la frontera tecnológica.
Políticas horizontales. La existencia de una situación ordenada bajo control, capaz de resistir las turbulencias externas, es esencial para incentivar la inversión y el empleo, profundizar el cambio tecnológico y proyectar la producción hacia los mercados interno e internacional. Las políticas horizontales incluyen la solvencia fiscal y el tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED). Sobre la primera, conviene recordar que cumple un papel fundamental en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo. Sobre la segunda cuestión debe observarse que las políticas sectoriales son esenciales para la competitividad pero, su eficacia, depende de la existencia de un TCED. Ésta es una condición necesaria, en cuya ausencia son ineficaces los controles para defender el trabajo y la producción nacionales y se concluye en desequilibrios macroeconómicos que debilitan la soberanía.
En resumen, lo realmente decisivo para el curso de la economía argentina radica en que el recuperado Estado nacional no confunda controles con políticas efectivas de equilibrio macroeconómico, desarrollo nacional e inclusión social. Los primeros son instrumentos de las segundas, nunca un sustituto. Si esas consideraciones se verifican, como suele decirse, “los de afuera son de palo”. 
Fuente: BAE